La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado por 19 votos a favor y 17 en contra, una proposición no de ley en la que se votaba la inclusión de los sistemas de monitorización continua de glucosa «Flash» en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que equivale a obtener financiación pública en aquellas indicaciones que sean más coste-efectivas.
Con vistas a mantener la sostenibilidad del sistema sanitario, antes de subvencionar ninguna terapia o tecnología nueva se analiza tanto si los beneficios que aportan no sólo superan a los sistemas ya implantados, como si su precio justifica el beneficio que aportan.
Estos nuevos medidores, que constan de un pequeño sensor circular, del tamaño de una moneda de dos euros, que se lleva en la parte posterior del brazo durante 14 días y miden la glucosa en el líquido intersticial y no en sangre, son considerablemente más caros que los ya existentes, consistentes en el sistema tradicional a base de tiras reactivas y lancetas.
El problema reside en que, hasta hace no mucho, se desconocía si la incorporación de esta nueva tecnología resultaba coste-efectiva.
Con el fin de desvelar esta incógnita el Ministerio de Sanidad encargó la realización de un informe a la Agencia Canaria de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, integrada en la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud (Redets), organización que elaboró un estudio que concluye haciendo una recomendación para que se financie en un grupo concreto de población en la que se ha demostrado coste-eficaz: adultos con diabetes 1 y 2 y control de la hemoglobina glicosilada aceptable... pero no en niños.
En cambio, curiosamente éste ha sido el colectivo elegido por buena parte de las comunidades autónomas que, debido al empuje de las asociaciones de pacientes, a las ganas de apuntarse el tanto y adelantándose a la decisión del Ministerio de Sanidad y a las agencias evaluadoras, han dicho que los subvencionarán con dinero público sin tener en cuenta este supuesto.
«Estos informes se realizan para verificar si el coste extra de las nuevas tecnologías está justificado», ha explicado Pedro Serrano, jefe de Servicio de Evaluación y Planificación en la Dirección del Servicio Canario de la Salud y responsable de la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
En 2016 se hizo un primer informe en el que «decíamos que no podíamos recomendar su inclusión en la Cartera de Servicios porque había muchos oscuros en la parte económica y muchas incertidumbres». La parte de la seguridad era «aceptable pero débil», ya que sólo se presentaron dos estudios realizados por el propio laboratorio. Pero «en el informe de 2017, tras pedir más análisis y más transparencia, resolvieron todas nuestras demandas en impacto presupuestario y, si se prescribe en el grupo que debe, se puede asumir. Presenta un ratio de coste-efectividad razonable», continúa Serrano.
«Los sistemas de monitorización ‘‘Flash’’ se valoran muy positivamente ya que ofrecen una gran ventaja al aportar datos continuos del estado de la glucosa, además de información sobre su tendencia», asegura Aureliano Ruiz Salmón, vicepresidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE).
Entre sus ventajas está, además, una reducción en el número de pinchazos, motivo por el que desde los colectivos de pacientes se ha reclamado con insistencia la subvención de los mismos por parte del Estado. Además, para Raquel Barrio, vicepresidenta de la Sociedad Española de Diabetes (SED), no hay dudas de su valor pues «disminuye las hipoglucemias y con ello, a largo plazo, se reducen las complicaciones asociadas a la enfermedad por lo que sí sería coste-eficiente. No hay que mirar sólo lo que cuesta en la farmacia, sino el coste global que genera la enfermedad y cada ingreso hospitalario por hipoglucemia supone unos 3.000 euros».
Para niños con hipoglucemias graves, recurrentes, nocturnas, inadvertidas, y en menores de cinco años estarían recomendados otros medidores continuos que cuentan con alarmas en caso de producirse una crisis. De hecho, en el informe de 2017 de la agencia canaria había una recomendación en la que se planteaba la posibilidad de llevar a cabo un estudio de monitorización en la población de menor edad.
En este caso se escogen determinados centros hospitalarios, grupos de pacientes y se llega a acuerdos con la industria para probarla. Y eso es lo que parece que está intentando el Ministerio, pues como reconoció durante la Comisión de Sanidad la diputada del PP Isabel Cabezas, la Comisión de Prestaciones está analizando la evidencia científica disponible sobre la seguridad y eficacia de estos dispositivos, por lo que pidió a las comunidades que tengan en cuenta este análisis, como ha hecho Galicia, antes de proceder a su financiación pública.
