Las asociaciones de pacientes, y entre ellas las que acogen a los diabéticos, reconocen que hace 30 años las normas que les vetan en determinados puestos públicos podían tener sentido, pero no ahora.
“Desde la Federación Española de Diabetes (FEDE) llevamos cuatro años pidiendo esto y de momento sólo hemos recibido buenas palabras. Estamos ya desesperados y hemos contactado ya con un bufete de abogados para que, en caso de que no surta efecto nuestra petición”, ha explicado Andoni Lorenzo, presidente de la entidad.
Los diabéticos se han unido en su petición a los celíacos, portadores de VIH o psoriasispara denunciar los criterios de exclusión que, bajo normas de hace entre 20 y 30 años, les prohíben el acceso a puestos públicos en la Policía, el Ejército, la Guardia Civil, los bomberos, los funcionarios de prisiones y todas las profesiones públicas donde hay vinculado un cuadro de exclusiones médicas.
La lucha de estas asociaciones lleva años por separado, pero es ahora cuando se han unido para hacer una fuerza mayor y han entregado un documento en el Ministerio de Política Territorial y Función Públicapara solicitar la revisión de los cuadros de exclusiones médicas antes de que acabe el año.
“Quizás en 1988 el ejército no podía asegurar ofrecer un menú sin gluten en todos sus emplazamientos”, ha afirmado Begoña Agüero, secretaria de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), “pero ahora no tiene sentido que el ejército ofrezca menús halal y kosher pero a los celíacos no nos dejen acceder”.
Tampoco los pacientes de VIH entienden que persistan los problemas de acceso cuando la enfermedad ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. De hecho, el sida cuenta con un documento aprobado por el propio Ministerio de Sanidadeste año y que recomienda que se valore la situación clínica del aspirante y no el diagnóstico. “Tenemos el apoyo de la evidencia científica que dice que una persona en tratamiento con carga viral indetectable no transmite la enfermedad, ni siquiera en prácticas sexuales de riesgo”, ha explicado Ramón Espacio, presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida).
Esta coordinadora también está estudiando emprender acciones legales, algo para lo que han encontrado dificultades al no considerarse las asociaciones de pacientes como personas jurídicas. “No podemos denunciar si no es a través de personas concretas, y ahí encontramos el problema de que muchos no quieren hacerse públicos”, ha indicado Espacio.
Las asociaciones plantean una manifestación y acciones legales si no pueden acceder antes de que acabe 2018. “Este es el año que se va a convocar una mayor oferta de empleo público en la historia de la democracia y nos vamos a quedar fuera”, ha denunciado Lorenzo, que asegura que también están barajando convocar una manifestación para presionar a los responsables públicos. “Lo que solicitamos no cuesta un sólo euro. No podemos seguir saliendo de las reuniones sólo con buenas palabras, esto se soluciona en un Consejo de Ministros”, ha afirmado.
Las asociaciones calculan que son 10 millones las personas afectadas por esta situación y aseguran que el problema se extiende también a algunas grandes empresas “que utilizan plantillas de empleo público y replican la discriminación”, ha afirmado Lorenzo, que sin embargo ha asegurado que prefiere “no dar nombres”.
Aunque las asociaciones no tienen datos de cómo afecta esta discriminación al empleo total, en el caso del VIHsí conocen, a través de distintos estudios, que el porcentaje de personas ocupadas es entre ocho y 10 puntos inferior y que el desempleo “es mayor y con más duración entre un empleo y otro”, ha afirmado Espacio.
Las normas que estas asociaciones quieren actualizar datan, en el caso del Ejército y la Guardia Civil, de 2009, y en el caso de Cuerpo Nacional de Policía de 1988, hace 30 años.
